Acusan formalmente a Álvaro Uribe por soborno y manipulación de testigos

 

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe quedó formalmente acusado por los delitos de presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos. La jueza Sandra Liliana Heredia encontró motivos suficientes para que Uribe (2002-2010) sea juzgado por estos supuestos delitos.

De esta manera, el expresidente, que niega todas las acusaciones, enfrentará un juicio penal.

Es la primera vez que la Fiscalía presenta cargos contra Uribe que resultan aceptados por la magistrada de Bogotá, quien dictaminó que a partir de este momento Uribe “adquiere la condición de acusado”. De ser encontrado culpable, el líder del Centro Democrático puede llegar a enfrentar una pena prisión de entre 6 y 12 años.

La defensa de Uribe había solicitado la nulidad del proceso contra el expresidente, algo que Heredia “rechazo de plano” por considerarlo “absolutamente improcedente”.

En simultáneo, la jueza aceptó como víctimas del caso al senador de izquierda Iván Cepeda y a los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, antigua esposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve.

El abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, celebró la resolución y aseguró que “son decisiones que reconocen no solamente la condición de las víctimas sino la necesidad que las víctimas tengan acceso a la justicia“.

De qué se lo acusa

El fiscal que lleva el caso, Gilberto Villarreal, acusó a Uribe de haber sido el “determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal”.

Para Villarreal, esto implica que por “provecho suyo o de un tercero entregue o prometa una utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga a concurrir a declarar o para que falta a la verdad total o parcialmente”.

También por “determinador del delito de soborno” porque entregó o prometió “dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio”.

Uribe insiste en que las acusaciones responden a intereses políticos.