Abusos y ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de policías son un problema en el país, según informe del departamento Estado

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Según el informe realizado por el departamento de Estado, las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de agentes de la Policía Nacional son un problema.

Los datos arrojados por el gobierno, informan que más de 3.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2007 y marzo de 2019. Se desconoce el número exacto de ejecuciones extrajudiciales.

La Unidad de Asuntos Internos investiga las acusaciones de faltas graves cometidas por miembros de la Policía Nacional, incluidos los asesinatos.

Por otro lado, la Fiscalía del distrito tiene autoridad a la hora de investigar y perseguir las faltas penales de los miembros de la Policía Nacional. 

El gobierno declaró que no tenía conocimiento de ninguna ejecución extrajudicial durante el año y añadió que cualquier caso de este tipo se investigaría para su posible procesamiento. 

Los medios de comunicación y la sociedad civil reconocieron que muchos casos no se denunciaron debido a la falta de confianza en el sistema de justicia para presentar cargos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una organización no gubernamental (ONG), informó sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía, varias de ellas relacionadas con el toque de queda nocturno impuesto por el gobierno en respuesta a la pandemia del COVID-19.

A diferencia de años anteriores, la CNDH no informó de estadísticas detalladas sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía nacional. 

Sin embargo, la CNDH destacó varios incidentes preocupantes de personas muertas o heridas por la policía por aparentes violaciones del toque de queda.

En septiembre, un agente de policía en motocicleta disparó a dos personas que iban en una moto después del toque de queda en Santo Domingo. En abril, una transeúnte de 11 años murió en su casa durante un tiroteo entre la policía y personas que habían violado el toque de queda

 

Desapariciones

No se denunciaron desapariciones por parte o por orden de las autoridades gubernamentales

Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

Aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y los abusos físicos, se recibieron informes de que los miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la policía, llevaban a cabo estas prácticas.

En mayo, las trabajadoras sexuales de Santo Domingo informaron a los medios de comunicación de que los agentes de policía las golpeaban sistemáticamente cuando intentaban trabajar, en violación de las prohibiciones establecidas por el COVID-19.

La impunidad fue un problema dentro de ciertas unidades de las fuerzas de seguridad, especialmente la policía nacional. 

El gobierno no respondió en gran medida a las preguntas sobre los controles internos y las investigaciones entre las fuerzas de seguridad. 

El gobierno no ha informado de ningún caso de uso excesivo de la fuerza por parte de un agente de policía registrado al 1 de septiembre.

Además, afirmó que todas las detenciones cumplían con las protecciones constitucionales. El gobierno utilizó el entrenamiento para combatir la impunidad oficial. La policía nacional ofreció formación especializada en derechos humanos como parte de sus cursos de formación continua.

Condiciones de las prisiones y centros de detención Las condiciones de las prisiones oscilaban entre el cumplimiento general de las normas internacionales en las prisiones del "nuevo modelo" (centros de rehabilitación correccional o CRC) y las condiciones duras y peligrosas para la vida en las prisiones del "viejo modelo".

Condiciones físicas: El hacinamiento es un problema en las prisiones del viejo modelo. La Dirección de Prisiones informó de que en septiembre había 16.614 presos en las prisiones del viejo modelo y 9.986 en los CRC. 

Esta proporción se ha mantenido constante durante los últimos años porque las prisiones del viejo modelo no se han eliminado. La Victoria, el centro penitenciario más antiguo, alberga a 7.236 reclusos, aunque fue diseñada para una capacidad máxima de 2.011.

La población reclusa de todas las prisiones del viejo modelo supera su capacidad, mientras que sólo uno de los 22 CRC supera su capacidad.

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