MP garantiza investigarán a fondo expediente de compra de asfalto

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Las presuntas irregularidades cometidas en la compra de RD$11,500 millones en hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) serán investigadas a fondo para determinar si existen responsables.
Así lo aseguró este jueves el titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien indicó que tienen el compromiso de luchar contra la corrupción.
Las afirmaciones de Camacho fueron emitidas en el encuentro donde el director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, lo apoderaron del expediente que vincula al excandidato presidencial, Gonzalo Castillo.
El procurador adjunto agradeció a Ortiz Bosch y a Pimentel el esfuerzo que han hecho para indagar y presentar documentos sobre un hecho en el que presumen se lesionó a los intereses del Estado y reiteró que el Ministerio Público cumplirá con su obligación de profundizar la investigación para determinar si existen responsables.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, junto a Camacho y la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, recibió este jueves en su despacho a Ortiz Bosch y a Pimentel.
En un comunicado, la Procuraduría informó, además, que luego de conversar brevemente con Germán Brito y los demás funcionarios del Ministerio Público en la cuarta planta del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, Ortiz Bosch y Pimentel se dirigieron al primer nivel del edificio, en donde depositaron ante la secretaria general de la Procuraduría, Gladys Sánchez, el legajo de documentos con los que solicitan la intervención de la Pepca.
Contrataciones Públicas y Ética e Integridad Gubernamental aseguraron que “existen suficientes indicios” de que en el proceso de compra de hormigón asfáltico, durante la gestión de Castillo frente al MOPC, hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones del Estado.

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