Procurador dice evaluarán exclusión de Chú Vásquez del caso Odebrecht para decidir si corresponde apelar

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SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó este viernes de trascendental el envío a juicio de fondo de los encartados en el expediente de Odebrecht y dijo que es el primer caso de corrupción de transcendencia internacional en el que se dicta auto de apertura a juicio contra la mayor parte de los procesados.
“En los últimos 20 años este es el caso de corrupción de mayor magnitud que se ha investigado en la República Dominicana por la cantidad de imputados, el nivel de influencia de los mismos y por los montos involucrados”, expresó.
El jefe del Ministerio Público manifestó que “Se trata de una decisión de envío a juicio correcta, justa y apegada de manera estricta a las leyes, las pruebas presentadas, y al debido proceso, adoptada contra exfuncionarios, legisladores, exlegisladores y empresarios, marcando un hecho sin precedentes en la historia judicial dominicana”, expresó el magistrado Rodríguez.
Aseguró que en el país se está iniciando una nueva era que responde a la demanda de la población en la lucha contra el grave flagelo de la corrupción y el trabajo serio y responsable del Ministerio Público.
Resaltó que el cuerpo de fiscales a cargo del caso está preparado para demostrar de nuevo en esta nueva etapa del proceso la vinculación de cada uno de los procesados a los graves hechos de corrupción que se les imputan y lograr que sean sancionados como mandan las leyes.
Con respecto a Jesús Antonio Vásquez Martínez, que fue excluido del proceso, dijo que evaluarán la decisión para decidir si corresponde apelar la decisión dentro del plazo que establece la ley.
El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó auto de apertura a juicio contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, y a Juan Roberto Rodríguez Hernández, quienes son acusados de beneficiarse de los US$92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó de sobornos en el país para obtener contratos de obras.
Los encartados son acusados de incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, sancionados por la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, el Código Penal Dominicano, la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

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