Opositores piden dimisión de Ortega en piquetes, pese a prohibición policial

Managua, 23 mar (EFE).– Un grupo de nicaragüenses demandó este sábado la dimisión del presidente del país, Daniel Ortega, por los cientos de muertos y de detenidos que han dejado las protestas contra su Gobierno desde abril del año pasado.

Los opositores exigieron la salida de Ortega, que lleva 12 años seguidos en el poder y a quien responsabilizan de la grave crisis
que vive el país centroamericano, a través de diferentes “piquetes express” realizados en diferentes lugares públicos, entre ellos, el
más simbólico, en un centro comercial de Managua.

En el estacionamiento de la plaza comercial Metrocentro, cerca de la sede de la Policía Nacional, decena de manifestantes, en su
mayoría jóvenes y algunos con sus rostros cubiertos, desafiaron a los agentes del orden, que horas antes habían anunciado que no
permitirían ninguna actividad que alterara el orden público.

Allí, los opositores entonaron primero el himno nacional mientras desplegaban banderas de Nicaragua, ante la mirada de agentes
antidisturbios.

“Viva Nicaragua”, “¿Cuál es la ruta?, que se vaya el hijo de puta”, “¡Qué se rinda tu madre!”, “¿Qué es lo que quiere la gente?,
que se vaya el delincuente”, ¡De que se van, se van”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, gritaban entre otras consignas los
manifestantes antigubernamentales.

Los opositores también demandaron libertad para los denominados “presos políticos”, que calculan en más de 800, y reprochaban la presencia policial, que calificaron como un “asedio”.

“Hay que estudiar, para no ser Policía Nacional”, le gritaban a los agentes.

Uno de los portavoces de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, organizadores de los “piquetes express”, dijo a Efe que la
actividades espontáneas y simultáneas habían sido un éxito.

“El pueblo se ha manifestado en diferentes puntos del país (…) La gente ha perdido el miedo. Muchos mostraron la cara, ya no les
importa, porque el pueblo ya está cansado” del Gobierno de Ortega, afirmó.

Horas antes de esas manifestaciones, la Policía anunció que no permitiría “ninguna actividad que altere el orden público, amenace o atente contra el derecho constitucional al trabajo, la libre movilización, la integridad física de las personas, familias y de los bienes públicos y privados”.

Cientos de agentes antidisturbios y de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) fueron desplegados en las autopistas principales, rotondas y diversas intersecciones de Managua, sin que se produjeran altercados, según pudo constatar Acan-Efe.

El pasado sábado, más de un centenar de personas fueron arrestadas temporalmente y otras sufrieron lesiones por disparos de
balas de goma de la Policía, cuando estaban a punto de participar en una marcha contra Ortega en una zona céntrica de Managua.

Las protestas contra el presidente han producido una cantidad no estimada de manifestantes detenidos, de los cuales 802 continúan bajo algún régimen carcelario, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

El miércoles pasado, los negociadores del Gobierno y de la opositora Alianza Cívica acordaron en la mesa de negociación, con la que buscan superar la crisis, la liberación de los manifestantes antigubernamentales en un plazo no mayor de 90 días.

Según Mario Arana, uno de los negociadores de la oposición, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aceptó ese plazo a propuesta del presidente Ortega.

La Secretaría General de la OEA se incorporó el viernes como testigo y acompañante de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a través del exguerrillero tupamaro y exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla.

El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.